El Ministerio de Trabajo está promoviendo cambios en los principales ejes sobre los que se sustenta el mercado laboral: el sistema de contratos, las prestaciones para el paro, las cotizaciones a la Seguridad Social, entre otros. Y, por encima de todos ellos, el Gobierno ya ha arrancado el compromiso de los agentes sociales, patronal y sindicatos, para la modificación parcial del Estatuto de los Trabajadores, una ley cuya última modificación data de 2015.
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La cruzada laboral
El Gobierno ha plantado la revisión del marco contractual vigente. La pluralidad de contratos que tenemos actualmente en nuestro país es compleja. Esto pone de manifiesto la necesidad de simplificar y hacer más fácil la contratación laboral. No será la primera vez que España intenta poner orden a la contratación laboral. En 2013 ya se simplificó el gran número de opciones que había para cerrar un acuerdo de trabajo entre empresarios y empleados. En aquel año se redujo de 41 a cinco fórmulas contractuales que, posteriormente se quedó en las cuatro actuales.
Así, la propuesta para el 2019 es pasar de los cuatro contratos vigentes a sólo tres.
Es decir, pasar de la estructura vigente:
- Contrato indefinido (con 17 cláusulas específicas para adaptarlo a aspectos como la discapacidad o el emprendimiento).
- Contrato temporal (con 24 cláusulas específicas para cubrir las necesidades del empleo juvenil, personal investigador en formación o vinculación formativa, entre otros).
- Contratos para la formación y el aprendizaje.
- Contratos en prácticas.
La iniciativa para el 2019 sería estas tres modalidades:
- Contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo estable.
- Contrato de trabajo temporal para la cobertura de puestos de trabajo temporales.
- Contrato para la formación y el aprendizaje.
De esta forma, quedaría derogado el actual contrato de fomento de emprendedores y se prevé que la duración y las indemnizaciones correspondientes para las nuevas modalidades de contrato en caso de despido sean diferentes también a la normativa actual.
Para llegar a estos cambios, el Gobierno está ejecutando diversos pasos legislativos. El primero, de principios de diciembre de 2018, la aprobación del Plan de Choque para el Empleo Joven 2019-2021.
Con más de 50 medidas, este proyecto incide en la contratación laboral mediante el diseño de las condiciones del contrato para la formación y el aprendizaje para que se adecue a las necesidades reales del mercado laboral del siglo XXI. Este contrato quiere ser una nueva herramienta para las empresas que acogen a jóvenes en sus plantillas y le premia con ciertas ventajas: no pagará seguros sociales durante tres años, y a su finalización aplicará hasta otros tres años más de bonificaciones en los seguros sociales.
En el Plan de Choque juvenil se aborda otro de los grandes males del mercado laboral español: la temporalidad. Así, coordinado con el vigente Plan Director para un Trabajo Digno focalizará sus esfuerzos en perseguir el fraude laboral contractual. Es decir, los inspectores de trabajo intensificarán sus controles para garantizar que las empresas usan el contrato temporal en las correctas especificidades. Se prevé incrementar las sanciones o multas administrativas que en esos momentos están situadas en los 600 euros en caso de detectar un contrato temporal fraudulento, una cifra irrisoria para intentar combatir las ilegalidades. En definitiva, el contrato temporal no debe suplir un contrato indefinido si éste último puede realizarse.
Cabe decir que mediante la aplicación del citado Plan Director para un Trabajo Digno, en España se han detectado 80.529 empleados temporales que trabajaban con una prórroga ilegal y se ha conseguido que 46.554 se hayan convertido en indefinidos, es decir, más de la mitad. Ello muestra cómo hay compañías que abusan del uso de la contratación temporal sin justificación alguna, bien sea con una relación laboral a tiempo parcial o con los llamados falsos autónomos –un área en la que también tienen previsto actuar los socialistas mediante cambios legislativos–.
Indemnizaciones
Recientemente se ha propuesto, además, la necesidad de adecuar las indemnizaciones por finalización de contrato a las nuevas modalidades. En el caso de los temporales, Trabajo plantea indemnizar con 12 días en el primer año vigencia del contrato, con 16 días en el segundo y, en el tercero y último, con 20 días –la misma que ahora está vigente por un despido objetivo al romper una relación de trabajo indefinida. Ello acompañado de una posible revisión sobre el sistema de prestaciones por desempleo que, en la actualidad, es una compleja red de hasta 20 tipos distintos de ayudas vinculadas a colectivos específicos de parados por razones de edad, familia y otras circunstancias.
Cotizaciones sociales
Una vez simplificado el modelo de contratación y en paralelo, el Gobierno emprenderá los cambios en las cotizaciones sociales. Trabajo estudia elevar la base máxima de cotización con un porcentaje cercano pero inferior al 10% y la base mínima un 22%.
Esta medida va ligada al interés del Gobierno de disminuir el déficit de la Seguridad Social y garantizar el futuro de las pensiones.
